3.1 Justificación de la Violencia en Contexto de Protesta
3.1.1 Violencia: Desglosando el Concepto
Distintas calificaciones se han usado en la literatura para expresar la complejidad que significa estudiar la violencia. Se le ha llamado un concepto borroso e inestable (Mider, 2013), peligroso, pero necesario (Keane, 2004), multifacético (Heitmeyer & Hagan, 2005), esquivo y difícil (Imbusch, 2005), confuso y subconceptualizado (Stateva, 2009) o incomprendido (Bufacchi, 2007). Los esfuerzos por definir la violencia han llevado a una amplia producción académica (Bufacchi, 2009; Heitmeyer & Hagan, 2005; e.g. Kurt, 2008) que ha buscado sintetizar esta complejidad. El punto de partida de esta empresa intelectual es siempre el mismo: la definición de violencia no es solo una, sino que viene en muchos tipos y formas. Ante tal complejidad es que un estudio sobre la violencia, especialmente uno de carácter empírico, debe dejar bien establecida qué es la violencia y qué tipo de violencia se está estudiando.
Una de las distinciones base en la literatura refiere al tipo de enfoque que se adopta al momento de definir la violencia. Es decir, ¿cuál es el criterio que se prioriza al momento de definir si algo es violento o no? Los académicos han coincidido en que la gran mayoría de las definiciones que se pueden encontrar se centran en 1) el uso de la fuerza física o 2) la violación de derechos, lo que da pie a los dos enfoques existentes: el enfoque minimalista y el enfoque comprehensivo (Bufacchi, 2005).
Las definiciones que se engloban dentro del enfoque minimalista suelen enfocarse en situaciones interpersonales de perpetrador-víctima, donde lo que determina que un acto sea violento son dos elementos. Primero, que el perpetrador utilice la fuerza física para generar algún tipo de daño o lesión a la víctima. Segundo, que este ejercicio del daño sea realizado de manera intencional. Esto conlleva que quien ejerce el daño es consciente del acto y, por ende, un mero accidente no es clasificable cómo un acto violento. Tomando en consideración ambos puntos, el enfoque minimalista comprende la violencia cómo el uso de la fuerza física para ejercicio del daño intencional. Dada la estrechez de su definición, tiene la ventaja de que hace a la violencia un fenómeno fácilmente delimitable y abordable para la investigación empírica. Además, al incluir la idea de intencionalidad cómo parte de su definición, permite una discusión más clara sobre la evaluación normativa del acto. Autores como Keane (2004) o Coady (2008) llaman a preservar este tipo de definiciones por su fácil operacionalización. Sin embargo, autores como Galtung (1969) o Bufacchi (2007) argumentan que delimitar la violencia hacia la fuerza física, la intencionalidad y el daño lleva a ignorar una serie de dimensiones de la violencia igualmente importantes, tales como la violencia psicológica, simbólica o estructural.
En contraste al enfoque minimalista, el enfoque comprehensivo pone el foco en la idea de violación. Violar significa la transgresión de un límite o norma (Bufacchi, 2005, 2007), sin embargo, las diferencias en las definiciones de los autores emergen ante la pregunta de ¿qué es violado? Autores como Gert (1969) responden definiendo la violencia como la violación de tres reglas morales: no matar, no causar daño, no deshabilitar. Otros autores han propuesto que un acto de violencia es aquel que viola los derechos más básicos de un individuo, así como el derecho a la vida o a la seguridad (Copoeru, 2020). La ventaja de este enfoque es que logra abarcar las dimensiones que la versión minimalista de la violencia dejaba de lado. Al no estar enfocada en situaciones interpersonales donde lo que prima es el ejercicio del daño, este enfoque podría ser utilizado para representar tipos de violencias que no son evidentemente observables, cómo violencias insertas en las estructuras sociales o en la cultura. Por ejemplo, Galtung (1969) fue pionero en proponer el concepto de violencia estructural, aludiendo a aquellas situaciones donde condiciones de la estructura social influyen en que las realizaciones reales de los individuos se alejen de sus realizaciones potenciales. La desventaja de esta aproximación es su carácter omniabarcante, autores como Bufacchi (2005) plantean que este enfoque puede llevar a concebir la violencia como todo lo moralmente incorrecto y privandolo de su utilidad conceptual. La violencia pasa a ser un detector de injusticias más que un concepto con utilidad para la reflexión teórica y la investigación empírica (Aróstegui, 1994).
En síntesis, los componentes principales del enfoque minimalista son la fuerza, la intencionalidad y el daño, siendo una definición que se centra en el acto directo del perpetrador. En cambio, el enfoque comprehensivo se centra en la violación de los limites o las normas, usualmente de derechos, poniendo el foco en la vivencia de la víctima. Dada su claridad conceptual, y a falta de una base empírica sobre qué es lo que entienden los chilenos por violencia, es que este trabajo se basa en una definición minimalista de la violencia.
3.1.2 Justificación de la Violencia: por el Cambio y por el Control Social
La justificación de la violencia se refiere a una entrega de razones para argumentar que un acto violento tiene algún tipo de sentido y que no es una acción meramente arbitraria (Basaure, 2020). Generalmente, esa argumentación se refiere a que las consecuencias del acto traen consigo algún bien (Frazer & Hutchings, 2019). Es decir, quienes justifican la violencia son aquellas personas que consideran que las consecuencias generadas por el acto violento traerán un bien que compense el daño efectuado durante el proceso. El conocido dicho el fin justifica los medios representa bastante bien esta postura. Enfocar la justificación de la violencia a partir de sus consecuencias significa concebir la violencia como un acto instrumental (Arendt, 2005; Blumenthal, 1972), o sea, que cuenta con un fin que orienta su actuar. Por ende, la discusión sobre la justificación de la violencia gira en torno a cuáles son esos fines por los cuales las personas estarían dispuestas a utilizar medios violentos para conseguirlo.
El campo de estudios sobre la justificación de la violencia se puede dividir en dos grandes áreas disciplinares. Primero están los estudios en teoría política, filosofía y ética, los cuales han contribuido con reflexiones desde un punto de vista normativo. Estos trabajos giran en torno a una gran pregunta ¿puede la violencia ser justificada? Generalmente esta pregunta se sitúa en el campo de la violencia política, indagando en las condiciones, los argumentos y los principios por los cuáles se podría argumentar que la violencia revolucionaria o la violencia en contexto de protesta son moralmente defendibles (Demirbas, 2019; Frazer & Hutchings, 2019; Gert, 1969; Hills, 2011; Keane, 2004; Magil, 2008; Nielsen, 1981; Wells, 1970). Las discusiones en torno al argumento ticking bomb (ver APT, 2007; Bufacchi & Arrigo, 2006) o al asesinato de Hitler (ver Dean, 2005; Frazer & Hutchings, 2019) son algunos ejemplos de estas situaciones. Si bien no es la prioridad de este trabajo el enfoque normativo, si sienta una base importante para su estudio empírico, especialmente considerando que muchos estudios empíricos sobre violencia han caído en confusiones conceptuales por no considerar los aportes de la literatura teórica-normativa (Bufacchi, 2007). Segundo, está el estudio empírico sobre los factores que llevan a las personas a justificar la violencia (e.g. Blumenthal, 1972; Jackson et al., 2013). Será en esta segunda área temática donde este trabajo se enmarca, y en donde sentará sus aportes. Dado este enmarque, se presenta a continuación un breve recorrido por lo que han sido las principales agendas de investigación.
El primer estudio empírico que trata las justificaciones de violencia desde un enfoque instrumental es el de Blumenthal (1972). Este estudio sienta las bases al conceptualizar la violencia de acuerdo a dos fines contrapuestos: por el control social y por el cambio social. A grandes rasgos, la violencia por el control social son aquellas acciones orientadas a la mantención de las jerarquías en la sociedad y la violencia por el cambio social las acciones que buscan generar un cambio en esas jerarquías. En base a esta distinción, los enfoques se han diversificado. Por un lado, la violencia por el control social puede ser ejercida por agentes privados o públicos. Cuando se trata de agentes privados, el estudio se ha centrado en actitudes hacia el castigo y la justificación de linchamientos por parte de la ciudadanía (e.g. Gerber, 2012; Gerber et al., 2016; Puga & Gerber, 2016). Cuando se trata de agentes públicos, se ha acuñado el concepto de violencia institucional, entendida como las medidas que toma el Estado para reprimir principios de libertad y justicia con el fin de mantener el orden social (Nielsen, 1981). Ejemplos de este tipo de violencia son los castigos penales o la violencia policial (Puga & Gerber, 2016). Por otro lado, la violencia por el cambio social puede ser a nivel revolucionario, o más bien tácticas de protesta que buscan generar cambios dentro de la sociedad (Nielsen, 1981). La violencia revolucionaria se refiere al uso de la violencia para lograr cambios estructurales a nivel político, social y económico (Edyvane, 2020; ver Nielsen, 1977; Suñé, 2010). La violencia dentro del Estado para el cambio social apunta a la generación de cambios que no buscan la transformación total en el corto plazo. Este trabajo busca estudiar las justificaciones de violencia por el control social ejercida por agentes públicos (carabineros) y las justificaciones de violencia por el cambio social a nivel de tácticas de protesta (manifestantes).
Si bien esta es una distinción clave en los estudios contemporáneos de la justificación de la violencia, no fue retomada como tal hasta los años 2000 por autores como Jackson et al. (2013) o Gerber et al. (2016). Es más, gran parte de los aportes provienen de la literatura criminológica en los Estados Unidos bajo el estudio de conceptos como actitudes o apoyo hacia el uso de la fuerza por parte de la policía, y no de violencia como tal. En esta línea, muchos artículos se centraron en los factores que lleva a la gente a apoyar uso de la fuerza policial (Arthur, 1993; Arthur & Case, 1994; Gamson & Mcevoy, 1970; Johnson & Kuhns, 2009; Perkins & Bourgeois, 2006; Thompson et al., 2004) o también en el desarrollo de escalas para la medición de este concepto (Barkan & Cohn, 1998; Jefferis et al., 2011). La aplicación del concepto de violencia es más reciente, donde académicos, especialmente desde la psicología, han introducido dos marcos teóricos al estudio de la justificación de la violencia. Por un lado, los trabajos de Henry (2005) y Gerber & Jackson (2016) han aplicado la teoría de la dominancia social (Sidanius & Pratto, 1999) y la teoría del autoritarismo de derecha (Altemeyer, 1988). Estas teorías parten del supuesto que la vida en sociedad está conformada por grupos con atribuciones de personalidad diferenciadas, donde ciertos grupos buscan dominar a otros. A raíz de esta aplicación es que en la literatura se utiliza el concepto de violencia intergrupal. Por otro lado, el trabajo de Jackson et al. (2013) fue el primero en aplicar el marco de la justicia procesal, siendo las justificaciones de la violencia una actitud derivada de la legitimidad atribuida a los agentes de orden y de las nociones de procesos justos. Esta línea es la que se ha potenciado recientemente con los trabajos de Gerber, González, et al. (2017), Gerber & Jackson (2016) y Bradford et al. (2017). Tanto la aplicación desde las teorías de la dominancia social como las de la justicia procesal han trabajado bajo la distinción de violencia por el cambio social y violencia por el control social.
El trabajo de Gerber, González, et al. (2017) ha sido particularmente importante al plantear una definición más detallada de ambos tipos de violencia. Por un lado, se entiende la violencia por el control social como “aquellas situaciones en donde la violencia es ejercida por grupos dominantes-mayoritarios por sobre grupos subordinados-minoritarios o cuando el objetivo de la violencia es el de reducir el potencial cambio en las estructuras normativas o jerárquicas de la sociedad” (Gerber, González, et al., 2017, pp. 3–4, traducción propia). Por otro lado, la violencia por el cambio social corresponde a “aquellas situaciones en donde la violencia es ejercida por grupos subordinados-minoritarios por sobre grupos dominantes-mayoritarios o cuando el objetivo de la violencia es crear cambios en la estructura jerárquica o normativa de la sociedad (Gerber, González, et al., 2017, p. 4, traducción mía). Estas definiciones orientan el presente trabajo.
3.1.3 Situación de Violencia
Un elemento que caracteriza la justificación de la violencia es su situacionalidad, es decir; la violencia se justifica de acuerdo a las características de la situación y los actores involucrados en esta (Johnson & Kuhns, 2009; Thompson et al., 2004). Considerando que las características y actores implicados en una situación pueden variar, es necesario definir un modelo teórico que permita comprender los elementos necesarios a tener en cuenta al estudiar la justificación de la violencia de forma empírica. En consiguiente, propongo construir un modelo teórico a partir de tres planteamientos en la literatura.
El primer planteamiento es el de Riches (1986), quien conceptualiza una situación de violencia a partir de la metáfora del triángulo. Esta metáfora indica que una situación de violencia se compone de tres actores: el perpetrador, víctima y testigos. El principal aporte de este planteamiento es la idea de que cada actor involucrado en la situación de violencia tiene una perspectiva distinta respecto a la legitimidad o la justificabilidad de la situación. Autores cómo Bufacchi (2007) han criticado esta noción, argumentando que quien observa la situación tiene, inherentemente, una perspectiva imparcial del proceso. Sin embargo, el desarrollo empírico y teórico en la literatura sobre violencia han rebatido esta idea. Por ejemplo, los estudios de Gerber, González, et al. (2017) y Gerber, Figueiredo, et al. (2021) muestran que la justificación de la violencia está mediada por la identificación con los actores involucrados en el proceso. En tanto, la tipología propuesta por Imbusch (2005) da cuenta de las distintas dimensiones que pueden variar en una situación de violencia. En síntesis, el planteamiento de Riches (1986) da cuenta de que efectivamente existen distintos actores con distintas perspectivas dentro de una situación de violencia.
El segundo planteamiento corresponde a la tipología de Imbusch (2005), quien plantea comprender la violencia cómo un concepto multidimensional. Imbusch (2005) propone que la violencia se compone de cuatro preguntas y siete dimensiones (ver Tabla 5 en Anexos). La pregunta sobre el ¿Quién? implica dos dimensiones de la violencia. Por un lado, los sujetos o perpetradores de la violencia, cómo por ejemplo, un delincuente o un policía. Por otro lado, están los objetos de la violencia los cuales pueden ser víctimas (personas) u objetos. La pregunta sobre el ¿Qué? refiere al efecto que tiene el acto violento en los objetos o las personas, el daño físico o la destrucción de un bien público son un ejemplo común en la literatura. La pregunta sobre el ¿Cómo? representa las formas en la que se ejerce la violencia, aludiendo a sus medios y circunstancias, por ejemplo, que un marido abofetee a su mujer o que un policía use la fuerza contra un manifestante en una marcha. La pregunta sobre el ¿Por qué? cuenta con tres dimensiones asociadas. Una primera dimensión corresponde a las causas y razones que se emiten a modo de justificar un acto de violencia. Una segunda dimensión corresponde a los propósitos y motivos que tienen los perpetradores respecto a sus actos. Y finalmente, la tercera dimensión corresponde a los modelos de justificación existentes para una acción violenta, y sí estos modelos son legítimos o no. Estas preguntas y dimensiones ayudan a identificar elementos concretos dentro de una situación de violencia.
El tercer planteamiento no viene del área de los estudios de la violencia, sino que de la justicia distributiva. En la literatura de justicia distributiva ha habido un enorme desarrollo empírico y teórico para determinar cuáles son las características de la situación y de los actores que inciden en el proceso de formación de ideas de justicia. Jasso (2016) propone que existen tres actores relevantes en este proceso: el Asignador, quien asigna recursos a un Recompensado y un Observador que evalúa la justicia de esta situación. Aquí la literatura empírica ha indagado en, por ejemplo, como las características del Recompensado afectan la evaluación que hace un Observador. Por ejemplo, se ha encontrado que las evaluaciones de justicia se basan en principios de justicia de acuerdo al género y el número de hijos de los Recompensados. Sí el Recompensado es una mujer con hijos, se suele evaluar la justicia en base a criterios de necesidad, en cambio, sí el Recompensado es un hombre sin hijos, se suelen emplear criterios de equidad (Jasso & Rossi, 1977). De esta manera, el desarrollo en el área de la justicia distributiva representa un ejemplo empírico respecto un objeto de estudio que también varía dependiendo de las características de la situación y sus actores involucrados. Propongo que esta similitud puede actuar cómo una guía para los estudios de justificación de violencia.
La propuesta de este trabajo para comprender una situación violencia es, en primer lugar, combinar la idea de triángulo de Riches (1986) con las dimensiones propuestas por Imbusch (2005) . Esta combinación permite plantear específicamente cómo se relaciona cada actor dentro de la situación. Por ejemplo, combinando ambos planteamientos podríamos argumentar que la relación entre un Perpetrador y una Víctima se basa en el daño ejercido desde el primero hacia el segundo, el cual va de la mano con un propósito de por qué se ejerce ese daño y una forma en la que se ejerce. En segundo lugar, el planteamiento de Jasso (2016) sirve cómo un ejemplo de que efectivamente una juicio subjetivo que surge de una situación puede variar de acuerdo a las características de la situación y sus actores involucrados. Al llevar este desarrollo al estudio de la justificación de la violencia, ya no solamente se cuenta con un modelo teórico, sino que también con una guía para el estudio empírico.
Figura 3.2: Modelo teórico de una situación de justificación de la violencia
Fuente: Elaboración propia a partir de planteamientos de Riches (1986), Imbusch (2005) y Jasso (2016).
Combinando los tres planteamientos, nace el modelo teórico de una situación de violencia (ver Figura 3.2). Este modelo cuenta con tres actores principales: Perpretador, Víctima y Observador. Es el Perpetrador quien ejerce un daño en la Víctima, a través de un medio y guiado por determinados propósitos. Ante este ejercicio del daño, el Observador entrega razones de por qué la acción del Perpetrador a la Víctima estaría justificada. En la Figura 3 se puede observar la aplicación de este modelo a la situación que este trabajo busca estudiar.
Figura 3.3: Situaciones de violencia del presente estudio
Fuente: Elaboración propia a partir de planteamientos de Riches (1986), Imbusch (2005) y Jasso (2016).
Siguiendo la esquematización de la Figura 3.3, en este trabajo se estudian dos situaciones de violencia. La primera situación corresponde al ejercicio del daño desde un manifestante a un carabinero. En base a la literatura, se toma como supuesto que este ejercicio del daño está guiado por un propósito que es el cambio social y que se lleva a cabo a través de un medio que son las tácticas de protesta (Blumenthal, 1972; Gerber et al., 2016). La segunda situación corresponde el ejercicio del daño desde un carabinero a un manifestante. Al igual que en la situación anterior, se toma por supuesto que esta acción tiene el propósito del control social y se lleva a cabo a través de tácticas represivas (Blumenthal, 1972; Gerber et al., 2016). Ante estas dos situaciones, existe un observador que emite razones por las cuales cada situación se podría justificar o no. A modo de adelantar el enunciado del argumento principal, en este estudio se propone que el sentido de injusticia podría ser una razón por las cuales un observador podría justificar estas situaciones o no. En otras palabras, en este trabajo se toman cómo constantes quienes son los Perpetradores (carabineros y manifestantes) y sus propósitos (control y cambio social), las Víctimas (manifestantes y carabineros), así cómo también los medios y circunstancias (tácticas de protesta y de represión). El centro del estudio está en las razones y características del observador.
3.1.4 Violencia en Contexto de Protesta
En la literatura sobre los movimientos sociales se ha trabajado la violencia a partir de los dos actores principales que componen una situación de acción contenciosa: manifestantes y policías. En lo que respecta a los manifestantes, por un lado, el desarrollo conceptual ha permitido clarificar cuáles son las particularidades de la violencia colectiva y sus diferencias con la violencia individual. Por ejemplo, según los planteamientos de Tilly (2003) la violencia colectiva se caracteriza por el ejercicio de daño o destrucción a personas u objetos realizado por al menos dos perpetradores de forma coordinada. Este desarrollo ha dado pie a tipologías de violencia colectiva (Tilly, 2003) y estudios empíricos sobre el concepto (e.g. Adang, 2011). Por otro lado, la violencia se puede encontrar incluida dentro del concepto de repertorios de confrontación, los cuales se definen como “la totalidad de los medios de que dispone un grupo para plantear exigencias de distinto tipo a diferentes individuos o grupos” (Tilly en Tarrow, 1997, p. 65). Algunos de estos medios son las manifestaciones o huelgas, las cuales pueden ser violentas o no. Los repertorios de confrontación han servido cómo punto de partida para que en la literatura se especifiquen las distintas acciones de protesta que existen (Taylor & Van Dyke, 2004; Van Dyke et al., 2004). Este desarrollo ha devenido en el concepto de tácticas de protesta (Sierralta-Medel & González-Somma, 2016), dentro de las cuáles se puede determinar qué acciones concretas se consideran violentas y cuáles no.
Según Sierralta-Medel & González-Somma (2016), las tácticas de protesta se dividen en cuatro categorías: convencionales, culturales, disruptivas y violentas. Las tácticas convencionales implican acciones como manifestaciones, marchas, recolección de dinero o firmas para causas colectivas y declaraciones públicas orientadas a autoridades. En cambio, las tácticas culturales implican una representación simbólica de alguna causa colectiva, por medio de actos artísticos o gráficos. Las tácticas disruptivas son aquellas que interfieren en la rutina cotidiana de las personas, cómo lo son la desobediencia civil, huelgas laborales, tomas de edificios o cortes de ruta. Por último, y lo más relevante para el presente trabajo, las tácticas violentas son todas aquellas que conllevan un daño o destrucción a alguna persona u objeto, cómo la destrucción de la propiedad pública o privada, saqueos o ataques a la policía.
En lo que respecta a la violencia de parte de parte de la policía, la literatura de movimientos sociales ha trabajado en torno al concepto de represión (Davenport & Inman, 2012; Earl et al., 2003) y de vigilancia policial en la protesta (Mansley, 2013; Porta & Fillieule, 2004; Porta & Reiter, 1998). La conceptualización de represión ha incluido definiciones amplias cómo las de Tilly (1978) y otras más estrechas cómo las de Davenport (2007). Tilly (1978) define la represión cómo acciones que aumentan los costos de la protesta, en cambio, Davenport (2007) entiende la represión cómo hostigamientos, vigilancia, torturas y otras acciones ejercidas por agentes gubernamentales que violan ciertos derechos de los ciudadanos. Sí bien existe una discusión respecto a cómo definir represión (Davenport & Inman, 2012; Earl, 2011), un elemento común dentro de las definiciones es incluir la vigilancia policial en la protesta cómo un tipo de represión. La vigilancia policial es una de las respuestas del Estado ante las protestas y acciones contenciosas y se entiende cómo el manejo policial de los eventos de protesta (Porta & Reiter, 1998). En esta área de la literatura se han desarrollado tipologías para entender los distintos tipos de vigilancia policial (Earl et al., 2003; Porta & Fillieule, 2004), así cómo también se ha investigado su rol en el aumento o disminución de la violencia colectiva (Mansley, 2013). Una de las tipologías que se usan hasta el día de hoy en estudios empíricos (e.g. Velasquez & Nicolas, 2019) es la de Earl et al. (2003), la cual se usará en el presente trabajo para situar qué tácticas represivas son violentas y cuáles no.
Según Earl et al. (2003) el actuar policial en la protesta se puede clasificar de acuerdo a cinco niveles. El primer nivel corresponde a la inacción o el no hacer nada, es decir, la policía acude al lugar de la protesta pero no toma ninguna acción que la interfiera. El segundo nivel corresponde a acciones mínimas, cómo por ejemplo a la alerta por medio de altavoces y/o negociaciones con líderes. El tercer nivel corresponde a la disuasión, incluyendo acciones que busquen prevenir el desorden, cómo el levantamiento de barricadas o el arresto a los manifestantes. El cuarto nivel, corresponde a enfrentamientos directos, los cuales incluyen el uso de la fuerza y/o herramientas de disuasión cómo bombas lacrimógenas, carros lanza aguas o armas no letales. Por último, el quinto nivel corresponde a la arremetida. la cual incluye el uso de todas las tácticas disponibles, por ejemplo, arrestos, uso de la fuerza, bombas lacrimógenas etc.).
En el presente estudio se considerarán cómo tácticas represivas violentas desde los niveles cuatro (enfrentamientos directos) y cinco (arremetida) de la tipología de Earl et al. (2003), bajo el argumento de que el uso de la fuerza y/o de herramientas de disuasión puede implicar un daño intencional en quienes son reprimidos (i.e definición minimalista de la violencia). Siguiendo el protocolo de actuación de carabineros vigente (Fernández, 2019), las tácticas represivas violentas que serán consideradas en el presente trabajo son el uso de: vehículo lanza agua (conocido popularmente cómo guanaco), vehículo táctico de reacción (conocido popularmente cómo zorrillo), dispositivos químicos (e.g. bombas lacrimógenas o gas pimienta); escopeta antidisturbios y armas letales.
Tanto las tácticas de protesta cómo las tácticas de represión se pueden encontrar en las escalas que se han desarrollado para medir la justificación de la violencia por el cambio social y por el control social. Por ejemplo, Blumenthal (1972) incluye en su constructo de violencia por el cambio social situaciones como el uso de bastones antidisturbios (i.e. lumas o porras), armas no letales y letales (ver Tabla 1 en Blumenthal, 1972), y situaciones cómo el daño a la propiedad o las personas en el constructo de violencia para el control social (ver Tabla 3 en Blumenthal, 1972). Así también, para el contexto chileno Gerber et al. (2016) incluye situaciones como la quema de camiones o el lanzamiento de piedras en lo que respecta a la violencia por el cambio social y otras como el uso de perdigones para la medición de la violencia por el control social. Sí bien las situaciones que plantea Gerber et al. (2016) en su escala derivan de un contexto particular que es el conflicto Estado-mapuche, su escala puede ser aplicable a otros conflictos y/o contextos.
En suma, tanto las tácticas violentas de protesta, cómo las tácticas violentas de represión tienen en común el ejercicio intencional del daño. Ejemplos de tácticas violentas de protesta son la destrucción de bienes públicos y el lanzar piedras a la policía. En cambio, ejemplos de tácticas violentas de represión son el uso de la fuerza o el uso de herramientas de disuasión por parte de la policía. Siguiendo la Figura 3, tanto las tácticas de protesta, cómo las tácticas de represión corresponden a los medios y las circunstancias por las cuales el perpetrador ejerce un daño a la víctima. Es decir, la primera situación que busca estudiar este trabajo es aquella en la que un manifestante ejerce daño a un carabinero a través de tácticas de protesta y la segunda situación es lo contrario; cuando un carabinero ejerce daño en un manifestante a partir de tácticas represivas.