3.2 Determinantes de la Justificación de la Violencia
Existen tres literaturas que han estudiado los determinantes de la justificación de la violencia. Primero, están los estudios criminológicos que se han enfocado en las actitudes al uso de la fuerza por parte de la policía. En general, estos estudios han encontrado evidencia a favor de las teorías del conflicto (Chambliss, 1995; Quinney, 1971; Turk, 1969), donde se concibe que la policía está al servicio de los grupos con mayor estatus en la sociedad. Por ende, un primer gran hallazgo es el rol que tiene el estatus o el carácter de minoría-mayoría de las personas. Personas de más bajos estatus o pertenecientes a grupos minoritarios tienden a apoyar menos el uso de la fuerza por parte de la policía. En segundo lugar, la aplicación de las teorías de la dominancia social (Sidanius & Pratto, 1999) y el autoritarismo de derecha (Altemeyer, 1988) han relevado el rol que tiene la ideología en la justificación de la violencia, donde personas con ideologías más autoritarias son más propensos a justificar la violencia por el orden social. En tercer lugar, los estudios que han emergido a partir de la justicia procesal (Tyler, 2006) han relevado el efecto que tienen las nociones de que la policía actúa de manera justa en los procedimientos asociados a su cargo en la legitimidad policial. El que las personas conciban que la policía es legítima, lleva a que estén más de acuerdo con el uso de violencia por parte de ella. En conjunto a estos tres grandes hallazgos, es que se ha demostrado el efecto de otro tipo de variables, como las características sociodemográficas (Arthur & Case, 1994; Blumenthal, 1972; Gamson & Mcevoy, 1970; Gerber, Carvacho, et al., 2017; Thompson et al., 2004), la identificación con el grupo victimario o víctima (Bradford et al., 2017; Gerber, González, et al., 2017) o las nociones de justicia retributiva (Blumenthal, 1972; Puga & Gerber, 2016).
El mayor hallazgo en la literatura sobre el uso de fuerza por parte de la policía ha sido que los grupos de menor estatus y las minorías (raciales y de género) son quienes desaprueban más la violencia policial. Por ejemplo, Gamson & Mcevoy (1970) halló que los ciudadanos estadounidenses negros, los pobres y los financieramente insatisfechos son quienes tienden a desaprobar la violencia policial, en contraste a aquellos estadounidenses blancos, ricos y financieramente satisfechos. Arthur & Case (1994) contribuyó en esta línea encontrando que los estadounidenses blancos, con mayores niveles de educación y más ricos son quienes más apoyan la violencia por parte de los policías. Weitzer (2002) también halló que las personas negras e hispanas justificaban menos la violencia ejercida por la policía. Los trabajos de Blumenthal (1972), Thompson et al. (2004) y Johnson & Kuhns (2009) han generado evidencia del mismo tipo para la raza y para el sexo. A fin de cuentas, estos hallazgos han robustecido la idea de que la relación entre las actitudes a la policía y características asociadas la pertenencia a grupos desaventajados se puede enmarcar en las teorías del conflicto (Chambliss, 1995; Quinney, 1971; Turk, 1969), donde la policía es vista como un agente que perpetúa las desigualdades de estatus dentro de la sociedad. La mayoría de los estudios que han contribuido a evidenciar el rol del estatus en relación con las actitudes hacia la violencia se han centrado, según la distinción que adopta este trabajo, en la violencia por el control social. Solamente el trabajo de Gerber & Jackson (2016) ha generado evidencia respecto que quienes se autoidentifican cómo clase baja justifican más la violencia por el cambio social. De todos modos, no es difícil imaginar que aquellas personas en el eslabón más bajo de las jerarquías sociales consideren que tales jerarquías deben ser minimizadas o abolidas, lo que las llevaría a justificar más la violencia por el cambio social.
La teoría de la dominancia social (SDO) argumenta que los conflictos intergrupales (e.g clasismo) provienen de predisposiciones básicas del ser humano a formar sistemas sociales organizativos que mantengan las jerarquías entre grupos (Sidanius & Pratto, 1999). La teoría del autoritarismo de derecha (RWA) propone que existen personalidades caracterizadas por una lealtad ciega a la autoridad, una agresividad hacia quienes se desvían de las normas planteadas por las autoridades y una alta adherencia a esas normas (Altemeyer, 1988). El primer trabajo en introducir estos conceptos al estudio de la aprobación de la violencia fue Henry (2005) (aunque no basado en la distinción control/cambio social). A partir de una muestra de estadounidenses y otra de libaneses, los autores evidencian que los estadounidenses que puntuaban alto en SDO tendían a justificar más la violencia contra el Medio Oriente, y los libaneses que puntuaban menos en SDO justifican más la violencia contra Occidente. Otro trabajo mostró que gente que puntuaba alto en SDO tendía a percibir menos que la policía hacía uso indebido de la fuerza en situaciones extremas (Perkins & Bourgeois, 2006). Así también, a partir de un diseño experimental, Lemieux & Asal (2010) aportan evidencia a la noción de que individuos altos en SDO justificarían menos acciones violentas que afecten el estatus quo (i.e cambio social). Más recientemente Gerber & Jackson (2016) han mostrado que las personas que puntúan alto en SDO y RWA tienden a justificar más el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía. De esta manera, otro de los grandes hallazgos dentro de la literatura sobre la justificación de la violencia es el rol que tiene la ideología.
La forma más básica de definir las experiencias de justicia procesal es qué tan justamente consideran las personas que son tratadas (Tyler & Blader, 2003; Vermunt & Steensma, 2016). Dentro de los estudios sobre justicia procesal, se han propuesto modelos que se centran en cómo se relaciona la ciudadanía con las autoridades y, específicamente, con la policía [e.g. Tyler & Blader (2003). Un argumento que está en el núcleo de estos planteamientos es que la legitimidad de la policía lleva a la aprobación de sus acciones. La policía está siendo constantemente evaluada en términos procesales, lo que le da o quita legitimidad (Bradford et al., 2017). El trabajo de Jackson et al. (2013) fue el primero en plantear la justificación de la violencia como una posible salida de las experiencias de justicia procesal y la legitimidad de autoridades. En este trabajo se evidencia que a mayor justicia procesal experimentada por las personas, la policía es más legitimada lo que lleva a desaprobar la violencia privada (linchamientos y protestas). En esta línea, Maguire et al. (2016) ha encontrado que experiencias de injusticia procesal llevan a justificar más la violencia en contra de los policías. En el contexto chileno y en el marco del conflicto Estado-pueblo Mapuche, Gerber, Carvacho, et al. (2017) encuentra que mayores percepciones de justicia procesal están asociadas a mayor justificación de la violencia por el control social, y menos por el cambio social. En esta relación, la legitimidad otorgada a la policía hace de mediador. También, los resultados de Bradford et al. (2017) robustecen el planteamiento de que gente que legitima a la policía aprueba la violencia policial.
Han habido otras explicaciones con evidencia a su favor para la justificación de la violencia, especialmente por el control social. Una de ellas ha sido el rol del nivel educacional que, si bien en algunos trabajos ha funcionado como variable de estatus, en otros se ha encontrado la tendencia contraria: personas más educadas desaprueban más la violencia policial (Gamson & Mcevoy, 1970; Thomas & Hyman, 1977). Esto se suele explicar a raíz de que la gente educada está más enterada de las desigualdades de estatus en la sociedad. La investigación hasta los tiempos de Thompson et al. (2004) mostraba ser poco concluyente con variables sociodemográficas, sin embargo, trabajos con datos actuales han hallado que las personas de derecha tienden a justificar más la violencia policial y las personas de izquierda más la violencia por el cambio social (Gerber, Carvacho, et al., 2017; Puga & Gerber, 2016); así también, personas de clase media y alta justifican más la violencia por el control social y no por el cambio social (Gerber, Carvacho, et al., 2017), lo que contribuye desde datos de Chile a la teoría del conflicto. Un hallazgo importante ha sido la identificación del grupo y los valores relacionados a la justicia retributiva. Respecto al primero, Blumenthal (1972) encontró que quienes se identificaban con la policía, tendían a justificar más su actuar. El trabajo de Gerber & Jackson (2016) también contribuyó al evidenciar que la identificación con el grupo en desventaja (en este caso Mapuche) tendía a moderar el efecto de la justicia procesal en las justificaciones de violencia. Más recientemente de Bradford et al. (2017) robusteció la idea de que sentir una alineación normativa con la policía llevaba a justificar su actuar. En el caso de la justicia retributiva, en uno de los primeros estudios sobre justificación de la violencia se encontró que, entre grupos minoritarios, a mayor justicia retributiva mayor justificación de la violencia por el cambio, y entre encuestados con respuestas consistentes, a mayor justicia retributiva mayor justificación de la violencia por el control social (Blumenthal, 1972). Un estudio de Puga & Gerber (2016) también encontró que gente que estaba más motivada a “poner al delincuente donde corresponde” tendía a justificar más la violencia por el control social. Otro hallazgo interesante que se discutirá después es que las concepciones sobre qué es lo que es un acto violento llevaba a justificar más un tipo de violencia. Por ejemplo, quienes creían que tácticas disruptivas de protesta eran violentas, justificaban más la violencia policial (Blumenthal, 1972).